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Publicado por ActiBva el 9 de Junio de 2013.

Luz verde definitiva al proyecto de ley de cajas de ahorro españolas. La dio el pasado viernes el Consejo de Ministros, después de introducir algunas modificaciones respecto al anteproyecto retocado por el Consejo de Estado. Con esta nueva normativa, obligada en el Memorándum de Entendimiento (MOU) acordado tras el rescate financiero, se pretende delimitar la acción y el funcionamiento de estas entidades.

Más límites a estas entidades financieras; un control más exhaustivo en sus órganos de gobierno, con un mayor protagonismo de los impositores y mucho menor de las administraciones públicas, y la conversión en fundaciones bancarias para las cajas que excedan los principios generales son las principales medidas contempladas en el proyecto.

Los límites a las cajas
Como decíamos, este proyecto de ley implica poner límites a las cajas de ahorro españolas en todos los planos:
■Territorial. Hasta ahora, las cajas se habían desarrollado, en muchas ocasiones, por encima de las fronteras territoriales del área donde nacieron. A partir de ahora, la actividad financiera no podrá ampliarse más allá de la comunidad autónoma de origen.

■Objetivos. Como ocurriera en un principio, las actividades de estas entidades estarán vinculadas a clientes minoristas y pymes.

■Tamaño. Ante el crecimiento importante de las cajas en los últimos años, esta ley pone también límites al volumen. Su activo no podrá ser superior a 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35%. En el caso de que se excedan estos baremos, deberán traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una fundación bancaria.

El gobierno de las cajas

Junto a estos límites generales, se pretende, por un lado, recuperar el protagonismo de los impositores en los órganos de gobierno. Así, estos contarán con una representatividad de entre el 50% y el 60% de los consejeros generales (el número total de éstos no deberá superar los 150). Esto implicará menor presencia política, pues las administraciones públicas no podrán participar en la designación de más del 25% de los representantes.

A este mayor protagonismo a los impositores, se une el intento de una mayor profesionalización, algo que se ha reclamado durante los últimos años, de forma más intensa tras los problemas en algunas de las entidades. Entre los principios que se establece en la ley para esta mayor regulación en los consejos de administración destacan: la mitad de los miembros serán independientes y será incompatible el ejercicio del cargo con todo cargo electo político y con cualquier cargo ejecutivo en partidos, organizaciones empresariales o sindicales.

Las fundaciones bancarias
Esta ley mantiene los planteamientos del anteproyecto ya presentado respecto a las fundaciones. Las cajas que no cumplan los principios esgrimidos al principio del post deberán transformarse en fundaciones. Una vez transformadas, el proyecto establece unas obligaciones, que serán más exigentes conforme vayan creciendo en tamaño. Entre ellas destacan:
■Se impide que los miembros del patronato de las fundaciones lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito.
■Las fundaciones con más del 30% de la entidad deberán presentar al BAnco de España un protocolo de gestión de su participación.
■Las que cuentan con una participación superior al 30% estarán obligadas a desarrollar un plan financiero, que se unirá a un plan de diversificación de inversiones y gestión de riesgos para las que tengan el 50% o más.

Ampliaciones de capital
Los fondos de reserva de las entidades también serán regulados de forma más exhaustiva, al igual que las ampliaciones de capital. Respecto a estas últimas, las fundaciones con un 50% o más de control sobre una entidad, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su aprobación. Para el reparto de dividendos, se necesitará un quórum y mayoría reforzados.

El objetivo de esta ley es desterrar las cajas de ahorro tal y como se habían configurado en los últimos años. Hoy, sólo dos están operando con actividad financiera en España: Caixa Ontinyent y Caixa Polença.