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A las familias o economías domésticas se les denomina también unidades básicas de consumo, porque su función principal en el desarrollo de la actividad económica es la de consumir, es decir, elegir los bienes y servicios que demandan para satisfacer de la mejor manera posible sus necesidades, que son ilimitadas. Para lograr, en la medida de lo posible, esta satisfacción de necesidades, las familias ofrecen los factores productivos que poseen a las empresas, recibiendo a cambio una remuneración.

Lo más relevante a este respecto en una familia es su capacidad de gasto, que dependerá de su nivel de renta, es decir, de los ingresos que perciban como consecuencia de la retribución de sus recursos productivos, que generalmente están constituidos por el trabajo. Además de esta limitación presupuestaria, otro factor que influye en el consumo son los gustos o las preferencias de los consumidores.

Pero ¿cómo se comportan los consumidores a la hora de llevar a cabo sus actos de consumo? Lo lógico es que cualquier familia intente conseguir la máxima satisfacción a su alcance utilizando el menor número de recursos posible. Por ejemplo, si disponemos de 100 € y queremos comprar un teléfono móvil, ropa y acudir a un concierto de nuestro cantante favorito, es posible que con dicho presupuesto no se puedan llevar a cabo todas esas actividades. De este modo, tendremos que elegir qué necesidades queremos satisfacer en primer lugar, actuando de manera racional.

En este caso la racionalidad implica realizar la mejor elección posible. Para ello, los consumidores elaborarán un sistema de preferencias, de manera que aquella combinación de bienes y servicios que les reporte un mayor grado de utilidad[1] será la elegida, teniendo en cuenta en todo momento que el presupuesto del que se dispone es limitado.